Las bases colombianas dividen a los países de América del Sur

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Álvaro Uribe cede a EE.UU. la utilización de siete instalaciones militares | Chávez anuncia la compra de "varios batallones de tanques rusos de última generación". | El presidente venezolano advierte que "las bases podrían ser inicio de una guerra en Sudamérica"

JOAQUIM IBARZ | México | 07/08/2009 | Actualizada a las 03:14h | Internacional

América del Sur afronta serios enfrentamientos por la decisión de Colombia de autorizar a EE.UU. el uso de siete bases militares emplazadas en su territorio. El rechazo casi general que inicialmente tuvo esta decisión obligó al presidente Álvaro Uribe a realizar una gira relámpago por siete países de la zona. En su visita a Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, el mandatario colombiano comprobó que está muy vivo el debate regional. Lima aprueba el acuerdo con Washington, Santiago y Asunción respetan "el derecho soberano" de Bogotá, La Paz no lo acepta y Buenos Aires guarda silencio.

Álvaro Uribe se entrevistó ayer en Brasilia con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Con esta visita puso fin su periplo por siete países suramericanos, en los que ha explicado el polémico acuerdo militar que negocia con EE.UU.

Tal como ocurrió en sus anteriores escalas en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay, Uribe no hizo declaraciones en Brasil.

Los comentarios de la reunión estuvieron a cargo del ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Celso Amorim. "Reiteramos que el acuerdo es una materia exclusiva de la soberanía colombiana, siempre y cuando se limite al territorio colombiano", dijo el ministro a periodistas. Según Amorim, esa conversación "tendrá continuidad", al señalar que habrá otros diálogos con Colombia y con EE.UU.

Antes de viajar a Brasilia, Uribe se reunió en Uruguay con el presidente Tabaré Vázquez. Fuentes del gobierno uruguayo, si bien no detallaron contenidos de la conversación entre Uribe y Vázquez, recordaron a la agencia AFP que "Uruguay siempre se ha mantenido equidistante" en ese conflicto.

La decisión de Uribe de excluir a Ecuador y Venezuela, de su ronda de explicaciones por la región, condujo a escalar más las tensiones con sus dos vecinos. Ecuador (obligó a EE.UU. a retirarse de la base de Manta) y Venezuela se oponen de manera frontal al acuerdo.

Hugo Chávez es el que va más lejos en su repudio a la presencia militar norteamericana en Colombia. Subió el nivel de amenazas al advertir que la decisión de Uribe podría desatar un conflicto bélico en la región.

"Estas bases podrían ser inicio de una guerra en Sudamérica. Se trata de los yankees, la nación más agresora de la historia de la humanidad, capaz de lanzar bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki", señaló Chávez visiblemente irritado. Luego instó al presidente Barack Obama a retirar las tropas de Colombia e impulsar una "misión de paz" para llegar a un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Para Chávez, "la política de agresiones de Obama hacia América Latina es la misma" que la de George W. Bush.

El caudillo caribeño anunció la compra de una flota de "tanques rusos" para reforzar el poderío militar venezolano. Para ello, dentro de un mes viajará a Moscú para cerrar la adquisición de "varios batallones de tanques rusos de última generación".

Según Chávez, esos tanques cuentan con la mejor tecnología: "Tienen visión nocturna y se esconden de noche …. son casi invisibles … casi que vuelan …. casi que se parecen a los de 007″.

Domingo Maza Zavala, ex director del Banco Central de Venezuela, critica que Caracas destine miles de millones de dólares a la compra de armas cuando la "situación económica del país es de extrema gravedad, se gasta más de lo que se ingresa". Maza Zabala advierte que "el país anda sin rumbo, con la caída de un 3% del PIB en el primer trimestre".

Visiblemente irritado, Chávez enfatizó que el escándalo por las armas suecas que compró Venezuela y fueron a parar a las FARC es "una sucia maniobra, una puñalada por la espalda" de Uribe para "tratar de tapar" el acuerdo militar con EE.UU. En esta relación de amor-odio entre los dos dirigentes que se repite cíclicamente, Chávez lanzó una sarta de insultos de grueso calibre contra quien era su amigo hasta hace tres días: "Uribe tiene una capacidad sin límites para manejar el excremento, para navegar en el excremento, sin vergüenza de ningún tipo".

El líder bolivariano dijo que los cohetes suecos fueron robados en 1995 por las FARC del puesto naval venezolano de Cararabo.

Ni tres como se dijo en un principio, ni cinco como se anunció hace tres días. EE.UU. utilizará siete bases militares en Colombia, anunció el comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa en funciones, general Freddy Padilla de León. El Plan Colombia, firmado hace diez años por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, autoriza la presencia de 800 militares y 600 contratistas de EE.UU. en el país andino. En la actualidad, hay militares estadounidenses en Tolemaida, Larandia, Apiay, San José del Guaviare y ocasionalmente en la base de Tumaco (Pacífico).

Además de las siete bases estipuladas, EE.UU. podrá disponer de otras instalaciones castrenses colombianas. En Bogotá se ultiman los flecos del acuerdo que permitiría el aterrizaje de aviones en los sitios que el Comando Sur estime conveniente, siempre y cuando esté en curso alguna operación antidrogas."El uso de las bases depende de las necesidades y requerimientos geográficos y técnicos que tenga el personal estadounidense", dijo el general Padilla De León. Por ello, los aviones de EE.UU. podrían aterrizar en bases distintas a las siete acordadas. Aunque destinadas a la lucha contra el narcotráfico, en un momento dado las bases, que serán modernizadas, podrían utilizarse contra cualquier amenaza de los vecinos.

Según Padilla de León, las bases seguirán en manos nacionales sin restricciones, y los norteamericanos tendrán que solicitar el visto bueno de oficiales colombianos para las misiones que desde allí se proyecten. Un buen propósito que el semanario bogotano "Cambio" califica "a todas luces utópico".

Bogotá y Washington niegan que el convenio sea una amenaza para la estabilidad de la región, como afirma Chávez, y subrayan que los únicos que pueden sentirse amenazados son los "narcotraficantes y terroristas".

Hugo Chávez cree que es «el primer paso de una guerra»

Foto: Diario Crítico de México

Caracas no piensa dar explicaciones a Estocolmo sobre los lanzacohetes

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró el miércoles que las armas suecas vendidas a Venezuela —halladas más tarde en un campamento de la FARC— fueron robadas en 1995 por los rebeldes durante un ataque a la base naval de Cararabo. En una rueda de prensa, el mandatario explicó que la guerrilla robó de esa base del Estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia, municiones, 18 fusiles automáticos ligeros y cinco lanzacohetes AT-4.

Chávez se despachó a gusto al afirmar que la denuncia de Colombia es «una maniobra sucia» en la cual también ha caído el Gobierno sueco al pedir explicaciones. Sostuvo que la denuncia pública por parte de esos dos gobiernos es una «irresponsabilidad» y terminó asegurando que «por dignidad» no piensa dar las explicaciones solicitadas por Estocolmo.

LUDMILA VINOGRADOFF | CORRESPONSAL CARACAS

Hugo Chávez reconoció que se siente amenazado por el uso por tropas estadounidenses de bases militares en Colombia. A juicio del presidente venezolano, sería «el primer paso para una guerra en la región» y acusa a su homólogo Álvaro Uribe de «servir de peón del imperio».

El mandatario convocó el miércoles una rueda de prensa con los corresponsales extranjeros para mostrar su coartada de que los lanzacohetes venezolanos, comprados a Suecia e incautados a las FARC, fueron robados. Chávez aseguró que Uribe denunció la incautación para «tapar el escándalo de la instalación de siete bases estadounidenses en su territorio», que reiteró que serían una amenaza para Venezuela.

El mandatario bolivariano consideró que «éste puede ser el primer paso hacia una guerra en la región porque EE.UU. es la nación más agresora del mundo». «Ellos dicen que tienen derecho, pero nosotros también tenemos porque nos sentimos amenazados con esa decisión», insistió.

Sin embargo, al mismo tiempo Chávez anunció que en breve viajará a Moscú para comprar «varios tanques rusos muy modernos, rápidos, que se esconden de noche, casi que vuelan».

Castro lo justifica

El ex presidente cubano Fidel Castro justificó ayer esta compra de armamento ruso. «Chávez no se arma contra Colombia sino contra el imperio estadounidense, que intentó derrocarlo ya y hoy pretende instalar en las proximidades de la frontera venezolana sus armas sofisticadas», aseguró en su artículo «Siete puñales en el corazón de América». El convaleciente dictador, que el día 13 cumple 83 años, considera estas instalaciones «siete puñales en el corazón de América» y un «dolor de cabeza» para cualquier gobierno de la región, «sea de izquierda, centro o derecha, aliado o no de EE.UU.».

Chávez ha ordenado la congelación de las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia. Ayer anunció que suspendió la compra de 10.000 coches colombianos. El año pasado el intercambio comercial fue de más de 7.000 millones de dólares.

Chávez pide que los niños cambien la videoconsola por la peonza o el yo-yo

Hugo Chávez se ha mostrado partidario de que entre los niños se fomenten los juegos tradicionales, como la peonza y el yo-yo, en vez de las videoconsolas, que según el presidente venezolano promueven "el egoísmo y el individualismo".

En una visita el martes al barrio La Bombilla, uno de los más pobres y violentos de Caracas, Chávez elogió una muestra de juguetes tradicionales hecha por la militarizada Guardia Nacional y fustigó los juegos electrónicos. así como los juguetes bélicos. "Fortalecen el individualismo, el egoísmo y la violencia", dijo el mandatario, identificándolos con los males del capitalismo.

"No hay conexión con los amiguitos del barrio ni con la familia. Los niños a veces se enferman, los captura la máquina", dijo Chávez. El presidente criticó también que "la mayoría de esos juegos son de violencia, de matar". "En las películas, en Internet, hay mucho veneno para la mente de los jóvenes. Eso es malo, malo, malo", señaló.

Contactos de Chávez y Correa con las Farc no se limitan a los que figuran en computador de 'Reyes'

Chávez confirmó que recibió hace dos meses la información sobre el caso de los lanzacohetes. Foto: AFP

El general venezolano Hugo Armando Carvajal es el único jefe de servicios de Inteligencia Militar de América Latina a quien Estados Unidos decidió aplicarle la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de la Droga (1999), conocida como Ley Kingpin. Además, figura desde hace 11 meses en la famosa "lista Clinton" y como consecuencia de esto tiene congeladas sus propiedades y cuenta en Estados Unidos y no puede celebrar negocios comerciales ni transacción financiera alguna con entidades de ese país en ninguna parte del mundo.

Funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos no solo confirmaron la existencia de un expediente en su contra, sino que la semana pasada decidieron ampliar su contenido con nueva evidencia, a raíz de un editorial del diario The Washington Post en el que le pide al gobierno de Obama no asumir una actitud pasiva frente al gobierno del presidente Hugo Chávez por el riesgo que representa para la seguridad regional su supuesto apoyo a las Farc. "El Departamento de Estado (...) debería poner su atención en los que en este hemisferio han tratado de derrocar a un gobierno democrático mediante el suministro de armas a terroristas", dice el editorial publicado después de que fuera confirmada la noticia de que lanzacohetes que Suecia había vendido al Ejército de Venezuela en 1998, terminaron en poder de las Farc.

Oficiales de los servicios de seguridad colombianos que vienen indagando sobre el presunto apoyo de Venezuela a las Farc y que tuvieron acceso a la información que tienen las autoridades estadounidenses, le dijeron a CAMBIO que no solo es cierto que el general Carvajal, director de Inteligencia Militar de Venezuela, ha tenido que ver con la entrega de armas y pertrechos a las Farc, sino que ha estado involucrado en operaciones hechas desde suelo venezolano por narcotraficantes asociados a la guerrilla.

Por la misma razón figuran en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, otros dos ex funcionarios del gobierno de Chávez: Henry de Jesús Rangel, ex director de la Policía Política, Disip, y el capitán de navío (r) Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro de Justicia y del Interior.

Fuentes estadounidenses y colombianas coinciden en que tanto Carvajal como Rangel y Rodríguez, favorecieron el tráfico de armas y drogas mediante un contacto con un cartel de narcotraficantes en Arauca, conocido como el "clan de los hermanos Ríos". Se trata de una organización que, desde la segunda mitad de la década del noventa, hizo parte del flanco financiero del frente décimo de la guerrilla, entonces al mando de Tomás Medida Caracas, 'el negro Acacio'.

Una de las fuentes que ha ayudado a documentar las denuncias, es Germán Arturo Rodríguez Ataya, un piloto que fue capturado a finales de 2005 cuando trabajaba con los Ríos y con las Farc en el transporte de droga y de guerrilleros heridos en operaciones militares. Rodríguez Ataya dio las coordenadas de las bases de la guerrilla en territorio venezolano y entregó fotografías de los contactos hechos con oficiales de la Guardia Venezolana que, por orden de Carvajal, habrían entregado el armamento.

Según uno de los oficiales que trabaja en la validación y organización del material, "esa información hace parte de una especie de dossier preparado por organismos colombianos para cuando se presente la ocasión de demostrar ante la comunidad internacional, que las únicas pruebas sobre la relación de miembros del Gobierno con Venezuela no están en la memoria del computador de 'Raúl Reyes' ".

Pero los episodios relacionados con la entrega de armas y el tráfico de drogas no son los únicos que figuran en ese dossier. También aparece documentada la forma en que, cuando el Gobierno adelantaba conversaciones con las Farc en el Caguán, Rodríguez Chacín, enviado por Chávez, estableció contactos con la guerilla y visitó clandestinamente a 'Tirofijo'. Videos y fotografías de seguimiento hechos por el DAS así lo demuestran.

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Desde entonces y en por lo menos ocho ocasiones, Rodríguez Chacín no solo habría llevado a jefes de las Farc a reuniones en el Palacio de Miraflores, sino que habría gestionado a finales de 2007 un préstamo por 250 millones de dólares del Gobierno venezolano a las Farc, según uno de los documentos que sirvió de soporte para su inclusión en la lista de la OFAC.

De vieja data

La información que analizan las autoridades colombianas también compromete a funcionarios y ex asesores de confianza del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que habrían tenido nexos con las Farc. Parte importante del material probatorio fue entregado por oficiales de las Fuerzas Armadas de Ecuador, que rechazan las presiones y los intentos de algunos altos mandos de ocultar y borrar evidencias.

Uno de ellos es el mayor Manuel Silva, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, quien confirmó la existencia de encuentros del ex ministro del Interior Gustavo Larrea con las Farc, cuyos pormenores quedaron registrados en las agendas y relatorías de las reuniones que hizo Ignacio Chauvín, mano derecha de Larrea. Estos documentos podrían servir para enjuiciar a Larrea, si el presidente Correa cumple con lo que dijo en la entrevista con María Cristina Uribe de Noticias Uno el sábado pasado: "Si me prueban que Larrea se reunió con las Farc, yo mismo le promoveré un juicio por traición a la patria".

La información aportada por Silva coincide con la que entregaron miembros del alto mando militar quiteño el 2 de marzo de 2008, un día después del bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes'. En una reunión con corresponsales extranjeros, miembros de la cúpula que poco días después fue objeto de una purga por su presunta relación con la CIA, dijeron: "Chauvín le agenda varias reuniones a Larrea con las Farc".

El resentimiento no ha sido la única causa por la cual militares y policías retirados decidieron entregar información reservada. También ha sido determinante el desencanto de algunos por la decisión del magistrado de la Sala Penal de la Corte de Ecuador, Julio Logroño, de archivar un auto para seguirle un juicio político a Larrea.

Colombia tendría cómo demostrar también que, aparte del contenido del computador de 'Reyes', existe copiosa evidencia de que las "acciones sistemáticas" de Correa y su círculo cercano contra Colombia, empezaron antes de llegar al poder y en varias ocasiones a instancias de las Farc.

Entre los ejemplos a mano está el papel que jugaron Larrea y Chauvín -también comprometido con un cartel de narcotraficantes que trabajaban con las Farc- cuando en 1998 la Aldhu, una organización ecuatoriana de derechos humanos, presentó denuncias contra Colombia en tribunales internacionales por el uso del glifosato y por supuestas desapariciones y maltratos a campesinos de frontera atribuidos a miembros de las Fuerzas Militares colombianas. Unidades de contraguerrilla del Ejército colombiano encontraron varios documentos preparados durante operaciones realizadas en la frontera con Ecuador.

Por lo pronto, hay 17 casos probados de milicianos de las Farc con antecedentes en Colombia, que participaron en los llamados "Comités de la Revolución Ciudadana" que fueron unas de las bases de la campaña de Correa. Quizá por mucho más que una simple coincidencia, un asesor colombiano de esos comités aportó a la Justicia ecuatoriana información significativa que llevó a que Larrea fuera vinculado a un proceso penal por narcotráfico en enero de 2009.

Las pruebas dieron lugar a la captura de Ignacio Chauvín durante la operación 'Huracán de la Frontera', que lo conectó con la organización de narcotraficantes de los Astaiza que, al igual que el "clan de los Ríos", alimentaban las finanzas de las Farc.

Información hay de sobra para demostrar las relaciones de funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos vecinos con las Farc. Y todo indica que no precisamente se trata de contactos por razones humanitarias.

El 'lapsus' de Chávez

"Amo a Colombia", dijo Hugo Chávez en la rueda de prensa con corresponsales extranjeros que acudieron el martes al Palacio de Miraflores. Sin embargo, soltó una diatriba en la que llamó 'irresponsable' a Álvaro Uribe, aseguró que la presencia de militares estadounidenses en bases colombianas marcaría el comienzo de una guerra en Suramérica y buscó minimizar el hallazgo de lanzacohetes comprados por Venezuela a Suecia que terminaron en poder de las Farc.

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En un escenario 'decorado' con lanzacohetes de última generación, Chávez mostró un documento que el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, le entregó al venezolano, Nicolás Maduro, el 2 de junio en Honduras, durante la cumbre de la OEA. La intención de Bermúdez era pedirle en privado a Venezuela explicación sobre lo que habría podido ocurrir para que el material de guerra comprado en 1998 hubiera ido a parar a manos de la guerrilla. Chávez aseguró que detrás de la historia de los lanzacohetes no hay nada oscuro y dijo que el material fue robado durante un ataque de las Farc a la base naval venezolana de Cararabo, región fronteriza de Apure, el 26 de febrero de 1995.

Lo que el mandatario olvidó es que ese ataque, en el que murieron ocho infantes de Marina, no fue obra de las Farc sino del Eln, como lo admitieron en escenarios judiciales sus protagonistas. Mentira o error, el dato de Chávez no sería válido como explicación. Chávez calificó como una nimiedad el reclamo de Colombia, que contrastó con la actitud de su Gobierno de no haber hecho escándalo al hallar armamento con marquillas colombianas en poder de un paramilitar capturado en Venezuela.

Privada de libertad Lina Ron por ataque a Globovisión

08:41 PM Caracas.- Ante la solicitud realizada por el Ministerio Público, fue dictada medida de privación de libertad contra Lina Linette Ron Pereira, por su presunta responsabilidad en los sucesos ocurridos el pasado lunes 03 de agosto en las instalaciones del canal de televisión Globovisión.

En la audiencia de presentación, los fiscales 41° nacional y 45° del área metropolitana de Caracas, Franklin Nieves Capace y Dorys Daniela Márquez, respectivamente, imputaron a Ron Pereira por la presunta comisión de los delitos de violencia y amenaza contra la libertad de comercio o industria, violencia privada, instigación a delinquir, agavillamiento, intimidación pública, lesiones personales en grado de complicidad correspectiva y concurso real del delito, todos previstos en el Código Penal.

También, los fiscales la imputaron por los delitos de tenencia y uso ilícito de objetos calificados como arma de guerra (bomba lacrimógena), de acuerdo con el Código Penal y la Ley de Armas y Explosivos. Los fiscales del Ministerio Público pidieron que se dictara la medida de privación de libertad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

El Tribunal 18° en funciones de Control de Caracas, instancia donde se celebró la audiencia, acogió siete de los nueve delitos imputados por el Ministerio Público y, en ese sentido, desestimó asociación para delinquir y obstrucción de la libertad de comercio, ambos previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Además, el Tribunal dictó la medida de privación de libertad y ordenó la reclusión de la imputada en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), donde permanecerá mientras el Ministerio Público presenta el acto conclusivo en el lapso correspondiente.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de motociclistas se presentó frente a la sede de Globovisión, y arrojaron bombas lacrimógenas al interior del edificio, luego de, presuntamente, someter al personal de seguridad con armas de fuego.

Sotomayor se convierte en la primera juez hispana del Supremo de EE UU

Nueve senadores republicanos votaron con el bloque de la mayoría demócrata

DAVID ALANDETE - Washington - 07/08/2009

El Senado de EE UU confirmó ayer a Sonia Sotomayor, de 55 años, como la primera juez hispana en el Tribunal Supremo de EE UU, con el voto en bloque de la mayoría demócrata y el de nueve republicanos que ya habían anunciado previamente su apoyo a la candidata elegida por el presidente Barack Obama, en una decisión histórica para la comunidad latina, que ya supone casi el 15% de la población del país.

Sotomayor es la tercera mujer en ocupar un sillón en la máxima instancia judicial de EE UU. La nueva juez del Supremo disipó las dudas sobre su confirmación al salir indemne en su comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado el mes pasado, en la que sorteó cualquier polémica y se retractó de haber dicho en un discurso en 2001 que una mujer "latina e inteligente" llegaría a "mejores conclusiones" que un hombre blanco.

El presidente Barack Obama compareció ante los medios minutos después del voto del Senado y alabó que "los principios que hacen única a América, la justicia, la igualdad y la oportunidad, hayan hecho posible que la juez Sotomayor haya recorrido este camino". "Hoy hemos roto otra barrera y estamos un paso más cerca de ser una Unión más perfecta", dijo Obama. Mañana tendrá lugar la ceremonia en que Sotomayor pronunciará el juramento de ingreso en el Tribunal, bajo la presidencia del juez John Roberts.

La juez contó finalmente con el apoyo de casi dos tercios de la cámara, 68 votos contra 31, con la única ausencia del demócrata Edward Kennedy, que está siendo tratado por un tumor cerebral. A pesar de reconocer lo impecable de su currículo -doctora en Derecho por la Universidad de Yale, juez en activo desde 1992-, un nutrido grupo de republicanos, entre ellos John McCain, se opuso a su confirmación por considerar que muchos de sus veredictos la convierten en una activista a favor de las minorías.

La más polémica fue una sentencia de 2008, emitida junto a otros dos jueces, en la que Sotomayor dio la razón al Ayuntamiento de New Haven, en Connecticut, por declarar inválido un examen para el cuerpo de bomberos local en el que no había logrado plaza ningún afroamericano. Entonces, Sotomayor expresó su convicción de que el gobierno local debía velar por la presencia de las minorías raciales en el sector público. Este mismo año, el Supremo del que ya forma parte invalidó aquella sentencia.

Otro punto de fricción con los conservadores fue la opinión que la jurisprudencia de Sotomayor refleja sobre el derecho a portar armas, amparado por la segunda enmienda a la Constitución. Este mismo año, Sotomayor formó parte de un comité judicial que emitió la opinión de que la enmienda sólo atañe a las acciones de la Administración federal, y que cada Estado tiene la potestad de regular independientemente sobre la tenencia de armas de fuego. La influyente Asociación Nacional del Rifle se opuso a su confirmación.

"Aún se niega a reafirmar lo que dice claramente la segunda enmienda, como un derecho fundamental para todos los americanos", dijo de ella el senador republicano Jim Demint, que votó en contra de confirmarla. "Y en el asunto del aborto, habla del derecho constitucional de una mujer a acabar con un niño, algo que no está escrito en nuestra Constitución". El también republicano Orrin Hatch dijo sentir el tener que votar que no. "Pero creo que estoy haciendo lo que es justo y honroso", añadió.

Sotomayor no necesitó ayer sus votos. En total, nueve republicanos habían anunciado que le iban a dar su apoyo, entre ellos los más moderados de la bancada, como Olympia Snowe, de Maine, y el único latino republicano en la cámara, el senador de origen cubano Mel Martinez, de Florida. "No comparto la opinión de la juez Sotomayor en muchos asuntos", dijo ayer Martinez, "pero son probablemente menos asuntos de los que me separarán de otros jueces que conoceré en el futuro".

Uribe intenta enfriar Suramérica

El presidente colombiano se afana en su gira para explicar la mayor presencia militar de EE UU en su territorio, pero la región es reacia a aceptar el proyecto

ALEJANDRO REBOSSIO - Buenos Aires - 07/08/2009

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, cosechó algo de comprensión y varios reparos en la gira relámpago que finalizó ayer por siete países suramericanos para convencerlos de la necesidad de su país de recibir militares norteamericanos en siete de sus bases actuales. Brasil, Argentina y Uruguay cuestionaron el acuerdo que está negociando Uribe con el Gobierno de Barack Obama, Bolivia fue el más crítico, Perú lo apoyó, mientras que Chile y Paraguay respetaron la decisión soberana de Colombia.

Ante el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acabó la maratón de tres días de Uribe por las siete capitales, que había sido anunciada de urgencia por el Gobierno colombiano el lunes. Bogotá dijo que el jefe de Estado quería conversar con sus pares suramericanos -el viaje excluyó a Ecuador y Venezuela- sobre el terrorismo en su país y cuestiones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya cumbre se celebrará el lunes en Quito.

La realidad es que buscaba explicar la ampliación del acuerdo militar con EE UU. El pacto daría acceso a los estadounidenses a la base aérea de Palanquero, la más importante de Colombia. A finales de julio, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, puso en revisión las relaciones con Colombia por el proyecto de EE UU. "Éste puede ser el primer paso hacia una guerra en la región, porque EE UU es la nación más agresiva del mundo", dijo Chávez.

Antes de que Uribe llegara a Brasilia, había estado allí de visita el consejero de Seguridad Nacional de Obama, el general Jim Jones, que intentó aclarar que EE UU no tendrá bases propias en Colombia y que sus militares sólo continuarán la lucha conjunta contra el narcotráfico y misiones "humanitarias". El asesor de asuntos internacionales de Lula, Marco Aurélio García, expresó, tras reunirse el martes con Jones, su "percepción de que las bases no contribuyen a la distensión" sino que parecen "resquicios de la guerra fría", que "ya acabó".

La semana pasada, en una visita de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a Lula, el anfitrión, en óptimas relaciones con Obama, había manifestado: "A mí no me agrada la idea de una base militar americana en Colombia". Sin embargo, las explicaciones de Uribe dieron sus frutos y la presidenta de Chile cambió de parecer. Después del encuentro del pasado miércoles en Santiago, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Mariano Fernández, admitió que "hay que respetar las decisiones soberanas".

El periplo había comenzado el martes por Lima, donde el presidente peruano, Alan García, se mostró como el principal aliado de Uribe en la región al asegurarle: "Siempre estaremos respaldando ese trabajo fundamental que ha hecho usted" en Colombia y en Suramérica. La suerte del jefe del Estado colombiano fue diametralmente opuesta ese día en La Paz. "Eso [la presencia militar de EE UU en Colombia] no es contra las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] ni contra el narcotráfico. Es para la región", advirtió el presidente boliviano, Evo Morales. Ecuador y Nicaragua también rechazan el futuro acuerdo entre Obama y Uribe.

De Buenos Aires Uribe se fue con sabor amargo. Tras reunirse con su par Cristina Fernández, el Gobierno argentino no comentó el encuentro, pero fuentes oficiales relataron que la presidenta le pidió a Uribe "bajar la conflictividad en la región" y le advirtió de que "lo de las bases no colabora con este objetivo". El presidente colombiano acabó su segundo día de gira en Asunción, donde el presidente paraguayo, Fernando Lugo, no sólo se ofreció a mediar entre él y su amigo Chávez, sino que aceptó con algún matiz el acuerdo con EE UU. El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Héctor Lacognata, dijo que "las decisiones son autónomas y soberanas de cada país", pero reclamó que "ese tipo de iniciativas tengan la garantía de que eventualmente no pongan en riesgo la seguridad de países vecinos".